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Pablo Iglesias ha arrancado un compromiso a Pedro Sánchez, condicionado a cerrar los Presupuestos, para que se apliquen regulaciones en el precio de los alquileres en un máximo de cuatro meses. La medida, incluida en el acuerdo programático pero que los socialistas pretendían aplazar hasta que el mercado se estabilizase después de la pandemia, se desarrollará en la nueva ley de vivienda. La normativa deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros según el acuerdo en un plazo máximo de tres meses para llevarla al Congreso y aplicarla antes del próximo mes de marzo.
El acuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos comprende la creación de "mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes", siempre ajustándose a unos índices de precios de alquileres previamente establecidos. De este modo, "se contendrán las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la ley de vivienda".
Tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos tendrán la capacidad de establecer sus propios índices de precios, y se convalidarán los que ya tengan avanzados. En base a ello, estas administraciones también podrán declarar "una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler". Estas declaraciones deberán ser "con carácter temporal y excepcionalmente".
La ley de vivienda la impulsará el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del que es titular José Luis Ábalos, y será coproponente la vicepresidencia segunda del Gobierno, al frente de la que está Pablo Iglesias. El compromiso es que para su elaboración, además de realizarse en cooperación con las administraciones autonómicas y locales, se busque el consenso con los agentes sociales, realizando mención expresa a los sindicatos de inquilinos e inquilinas.
De forma paralela, los socios de la coalición han acordado enmendar el decreto por el que se regula el ingreso mínimo vital para facilitar los requisitos de acceso. Se tendrán en cuenta los ingresos de los meses transcurridos durante el año en curso para poder conceder este subsidio -en estos momentos, esta medida solo se aplicaría hasta 2021-. Por otra parte, se reduce de tres a dos años de vida independiente los que las personas menores de 30 años tienen que demostrar para poder tener derecho al ingreso mínimo. Se considera que con este cambio se va a facilitar que un mayor número de jóvenes puedan acceder a este subsidio si su situación económica empeora, por ejemplo, por quedarse en paro, y no han logrado cotizar lo suficiente para poder acceder a una prestación de desempleo. Por último, PSOE y Unidas Podemos han acordado establecer la posibilidad de que los servicios sociales puedan acreditar algunos de los requisitos exigidos para acceder al ingreso mínimo, dando r respuesta a algunos de los problemas detectados en la tramitación de la prestación.
Salvados estos escollos que los morados exigían para cerrar los Presupuestos, el Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto. Lo hará después de haber negociado discretamente durante las últimas semanas con sus socios potenciales, los mismos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez. El texto ha ido perfilándose mano a mano con estos grupos. El PNV ha "corregido" y "reconducido" aspectos relacionados con la fiscalidad y los ingresos, mientras que ERC ha arrancado para Cataluña mantener la disposición estatutaria respecto al déficit inversor y alrededor de 2.500 millones de euros de inversiones en infraestructuras, más de un tercio por encima de la inversión establecida en los últimos Presupuestos aprobados de 2018.
Los interlocutores por parte del Gobierno han sido varios: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Este último ha concentrado sus negociaciones con las formaciones minoritarias, como Teruel Existe, Nueva Canarias, PRC, Compromís y BNG, de cara a dar forma en los Presupuestos a los diferentes acuerdos de investidura. Los fondos europeos del plan de reconstrucción, de los que se avanzarán 27.000 millones de euros en las cuentas del próximo año, están facilitando los acuerdos.
Fuente: Iván Gil, El Confidencial